En 2020 se vivió en Querétaro un 8 de marzo histórico: más de 10 mil mujeres salieron a protestar por las calles de varias ciudades del estado en el Día Internacional de la Mujer, con lo que lograron mostrar un movimiento feminista organizado, rabioso, valiente y fuerte. A partir de entonces, las organizaciones, colectivas y feministas de la entidad han sufrido una persecución y criminalización desde el gobierno local que se suma a un contexto nacional dado por las descalificaciones, campañas de desprestigio y persecución desde el gobierno federal y otros gobiernos locales.  

   Esta criminalización sistemática ha traído consigo repercusiones peligrosísimas como las represiones a las manifestaciones en diversos lugares del país, con un sinnúmero de violaciones a Derechos Humanos en contra de las mujeres que se han atrevido a alzar la voz. Querétaro no se queda atrás con la reciente aprobación en el Congreso Local de la Ley Garrote y el marcaje personal, exhibición y persecución pautados por figuras de la ultraderecha en la entidad como la legisladora Elsa Méndez.  

   Una muestra clara de estos actos es la campaña que la diputada emprendió en contra de quienes, en un ejercicio legítimo de protesta, de iconoclasia y de digna rabia, se manifestaron el pasado 28 de septiembre a favor del derecho a decidir sobre sus cuerpos; la legisladora, iracunda, arremetió contra las mujeres que demostraron su inconformidad en el espacio público y en redes sociales, lo que ocasionó no solo la criminalización de la protesta, también amenazas y hostigamiento en contra, incluso, de menores de edad.  

   Este no es el único caso de estigmatización ejercida por servidores públicos con consecuencias directas en contra de las garantías de mujeres y niñas que defienden sus Derechos Humanos, pero en Querétaro, la criminalización también proviene de medios de comunicación que por encima del reclamo legítimo de las mujeres, decidieron poner el foco en las pintas (que limpiaron en unos cuantos días) sin dar lugar al planteamiento de los motivos de la unión de las mujeres y la decisión de tantas de salir a marchar en esta fecha. Estas prácticas de las y los representantes de algunos medios de comunicación, han desvelado una necesidad urgente de capacitación en perspectiva de género y en el marco del resguardo de los Derechos Humanos de las mujeres.  

   En suma, el panorama no es muy favorable: mientras “la izquierda” en el país recorta presupuesto federal para las mujeres y desdeña el movimiento señalando “infliltradas”, la derecha hace lo propio acusando supuestas dudas como “¿quién les paga?”. En este contexto tan nocivo se encuentran las mujeres que conforman estos movimientos, que ponen su cuerpo, su conocimiento, su tiempo y muchas veces su dinero para proteger, acompañar, asesorar a otras mujeres, así como aquellas que denuncian, evidencian o gritan el hartazgo de la violencia que día a día les atraviesa el cuerpo.  

   A este ataque hay que sumarle el recrudecimiento de la violencia de género en la entidad durante esta pandemia, que ha afectado a miles de mujeres y, ante lo cual, las feministas se han organizado para acompañar y guiar a víctimas de violencia enclaustradas con su agresor en casa, subsanado así las deficiencias del Estado en su función de atender y combatir las violencias de género.